Comenta el director

NO AL INDULTO

Edición SE1147 (16 noviembre 2008)

El poder siempre invita al abuso. El poder militar y policial, a los cuales es consustancial el uso de la fuerza y de las armas, es incluso más proclive.

Así, por ejemplo, algunos peruanos sufrimos el abuso militar durante la dictadura de Velasco; otros, durante el fujimorismo; otros, en ambos regímenes e incluso en períodos democráticos. Si usted, estimado empresario lector, está en el primer grupo, probablemente le indigna (como a mí) la impunidad de los abusos de ese período. Deberían indignarlo entonces, tanto o más, los excesos más recientes, ya que fueron –en general– mucho más brutales. Eso, claro, a menos que usted crea –como los cerdos del Animal Farm, de George Orwell– que “todos somos iguales, pero algunos somos más iguales que otros”.

La legitimidad del Estado en general, y de la Fuerza Armada y policial en particular, se juega en el correcto uso de la fuerza pública. Por eso, la complacencia con los excesos no es recomendable, y eso es lo que entraña la iniciativa de amnistiar o indultar a quienes violaron los derechos humanos.

En general, soy enemigo de las amnistías. Incluso en materia tributaria, y a pesar del régimen frecuentemente confiscatorio que aplica el Perú. Y es que el borrón y cuenta nueva genera incentivos harto perversos, el principal de los cuales es la expectativa de que ese perdón indiscriminado sirva de precedente para futuros casos, lo que reduce el riesgo de cometer las infracciones y las incentiva hacia futuro. Imagine lo que el militarismo neovelasquista podría perpetrar contra quienes defendemos las libertades (políticas y económicas) si llegara al poder, amparado en la expectativa de una posterior amnistía.

Estoy seguro de que algunos militares y policías han sido injustamente acusados y hasta maltratados en los procesos recientes por violación de derechos humanos. Se trata de personas que expusieron sus vidas en defensa nuestra. Por ello, la luz mediática acerca de los abusos que estos buenos militares y policías sufren es bienvenida y puede llegar a ser muy eficaz. Pero es infame usarlos para justificar medidas a favor de delincuentes, como sucedería de prosperar el perdón –por ejemplo– en el emblemático caso Chavín de Huántar, en que ninguno de los heroicos comandos ha sido denunciado (y por tanto sólo se beneficiaría a infractores de la talla de Montesinos y sus compinches). No se puede, pues, meter en el mismo saco a víctimas (de la justicia torcida) y victimarios (de los excesos contrasubversivos). Los abusos a los primeros son excepción, no regla, y las excepciones no se solucionan con medidas generales.

Las amnistías e indultos se justifican en que continuar con los juicios o condenas genera más daño que bien a la sociedad. Tiene, pues, que reinar la convicción generalizada de que el perdón reconciliará al país. No es el caso del Perú hoy. La amnistía o indulto beneficiaría a algunos inocentes y a muchos culpables, pero desataría más odios y resentimientos. No se puede decir que el país estaría mejor, ni más reconciliado.

Gonzalo Zegarra Mulanovich
Director
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