Comenta el director

CINCO AÑOS DE LA CVR

Edición SE1136 (31 agosto 2008)

Hay países en el mundo que –a pesar de sufrir graves problemas de violencia interna– logran saludables indicadores de desarrollo económico. El ejemplo más cercano es Colombia, regionalmente más gravitante que el Perú (¿aún?) a pesar de la desgarradora vorágine de violencia infligida por el narcotráfico y la guerrilla por décadas. Más lejanos (y exitosos) son Israel y España. En Irlanda se puede observar cierta coincidencia temporal entre la pacificación y el milagro económico. Y ciertamente también en el Perú (aunque lo de “milagro” resulte todavía discutible, ver Perú Económico de junio, 2008).

¿Cuál puede ser, entonces, la relevancia económica de las conclusiones presentadas hace cinco años por la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR)? Una, por cierto. Si esta suerte de psicoanálisis colectivo de las profundas taras que aquejan a nuestra nacionalidad –y que desembocaron en la convulsión de los ochenta y noventa– ayudaba a generar ciudadanía y cohesión social, las instituciones republicanas encontrarían un caldo de cultivo para su propia eficacia, y eso tenía que redundar en una mejora del funcionamiento del mercado.

Y aunque no era ese su cometido principal, desde luego, tal vez algo de aquello haya ocurrido –aunque admito que se trata de una causalidad etérea, difícil de rastrear– porque hoy el Perú funciona mejor, en general, que hace cinco años. Las conclusiones de la CVR, entonces, pueden haber sido perfectibles, a veces sesgadas y en algún caso hasta erráticas (SE 895), pero a todas luces resultaron –en retrospectiva– útiles.

Pasando por alto controversias sobre tecnicismos y retóricas, las conclusiones más controvertidas de la CVR para el sector empresarial podrían resumirse en (i) admitir que se cometieron excesos moralmente injustificables en la contrainsurgencia; (ii) que esos excesos deslegitimaron al Estado y las FFAA ante quienes los sufrieron; (iii) que la violencia afectó más, y más intensamente, a la población pobre, rural, quechuahablante o selvática que a las clases medias y altas, urbanas y más occidentalizadas; (iv) que la pobreza y la exclusión preexistentes en el Perú favorecieron la prédica violentista.

De alguna manera, en el imaginario de la dirigencia no intelectual peruana, tales hechos e interpretaciones ejercen la fuerza de un dedo acusador que increpa “tú tuviste (parte de) la culpa”. Y la autocrítica nunca es espontánea ni natural en el ser humano; siempre implica un esfuerzo supremo de racionalidad y madurez.

Vale la pena hacer ese esfuerzo. Al margen de su mayor incidencia en ciertos grupos, la violencia genera el mismo terror sobre cada individuo que la padece. La de Sendero nos puso a todos los peruanos del mismo lado: contra ella. No perdamos la oportunidad de perpetuar esa triste sensación de igualdad y pertenencia, y de extenderla hacia ámbitos más fecundos y felices. Que la superación de la violencia no nos haga volver a la sociedad pre moderna de las ciudadanías diferenciadas, porque sin igualdad ante la ley no sólo no hay justicia, tampoco hay mercado.

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